Las claves del proyecto de ley que será despachado al Congreso

El pasado 20 de agosto, en Chillán Viejo, la Presidenta Michelle Bachelet ratificó que enviará al Parlamento un proyecto de ley que propondrá al Congreso la creación de la Región del Ñuble.

Esa denominación fue consensuada con la Asociación de Municipalidades y el Comité Ñuble Región, al igual que los nombres que tendrán las tres provincias que contendrá el texto legal.

El secano costero se llamará Valle del Itata, y estará conformada por las comunas de Quillón, Coelemu, Trehuaco, Quirihue, Ninhue, Portezuelo, Cobquecura y Ránquil; la Provincia del centro-cordillera que estará constituida por Chillán, Chillán Viejo, Pinto, Yungay, Bulnes, El Carmen, Pemuco, San Ignacio y Coihueco se denominará Diguillín, mientras que la Provincia del Punilla incluirá a San Fabián de Alico, San Carlos, San Nicolás y Ñiquén.

Si bien aún no se han confirmado las capitales provinciales, éstas podrían ser San Carlos (Punilla), Quirihue, Coelemu (Itata), y Chillán (Diguillín). Uno de los aspectos que se ha manejado con más resguardo es el relacionado con el tamaño de la planta funcionaria que requerirá la nueva región.

El estudio de la PUC, en 2003, calculó 400 empleados públicos, no obstante en Los Ríos este número superó los 800, mientras que el estudio de la UdeC estimó en 2.452 los funcionarios, entre planta y a contrata, que necesitaría la nueva Región del Ñuble para partir, de acuerdo a cálculos hechos sobre la base de la experiencia de un territorio similar en cuanto a número de habitantes y características, como es la Región de Antofagasta.

En efecto, el informe final elaborado por la Universidad de Concepción denominado “Línea Base, Consideraciones y Propuestas Técnicas para Determinar Pertinencia de Creación de Nueva Región de Ñuble”, de más de 300 páginas, propuso una cifra estimativa, teniendo como referencia una región de similar tamaño y cantidad de población que Ñuble (Antofagasta), y manteniendo a la “región madre”, Bío Bío, la que quedará en una condición similar a la de Valparaíso.

Según el estudio, el mayor gasto corresponderá a 1.705 funcionarios, ya que los otros 747, pertenecientes al Servicio de Salud, se deben reubicar en diferentes establecimientos del ramo. Al incrementar en 2.432 funcionarios, habría que considerar un gasto anual adicional de 39 mil 754 millones 884 pesos. Si a esto se suma la reubicación de los funcionarios del Ministerio de Salud, esta cifra asciende a 48 mil 957 millones 177 pesos.

Para el Servicio de Gobierno Interior de la Región del Ñuble se necesitarían 17 nuevos cargos (actualmente hay 4); para Contraloría, 28 (actualmente hay 5); para el Servicio Electoral, 4; para el Ministerio Público, 27 (más 66 a contrata); mientras que en el caso del Poder Judicial, debiera darse una redistribución de la dotación actual de la Región del Bío Bío, que al 2011 correspondía a 1.108 funcionarios.

En principio, no habría mayor gasto en nuevos requerimientos de personal.

En el caso de las Secretarías Regionales Ministeriales que se deben crear, cada organismo deberá determinar el personal requerido, sobre la base de traslados de funcionarios de planta existentes en los diferentes organismos con presencia hoy en la provincia, cubriendo los funcionarios faltantes por medio de la modalidad a contrata o a honorarios, en tanto no se formalicen las plantas definitivas.

Son 108 cargos entre seremis, directores regionales y jefes de Departamento. Las reparticiones con mayor demanda de profesionales son Economía, Fomento y Turismo (42), que requerirá entre otros cargos, un seremi, y directores regionales de Sernac; Sernapesca, Corfo, INE, Sernatur, y Sercotec; Educación (30), que requerirá un seremi, tres jefes provinciales y directores regionales Junaeb, Junji, además de agregar la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam); y Justicia, que requerirá un seremi, un defensor regional y directores regionales del Registro Civil e Identificación, Servicio Médico Legal, Servicio Nacional de Menores, además de un director administrativo regional, en la Defensoría Penal Pública.

Adicionalmente, se requerirá crear las unidades de Gendarmería de Chile; Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y Oficina Regional de Emergencia (Oremi) e instalar las superintendencias de Educación, de Quiebras y la Agencia de Calidad de la Educación. La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ya ha dado a conocer su parecer al respecto y pide que se respete la proporción 80% de planta y 20% a contrata, y se privilegie a profesionales de la zona.