Región del Ñuble: se contempla la creación de 27 cargos para el futuro Ministerio Público

La complejidad que implica crear una nueva región no sólo se circunscribe a la definición de nuevos territorios administrativos y electorales, sino también jurisdiccionales.

El proyecto que crea la Región del Ñuble, el cual está próximo a ser firmado por la Presidenta Michelle Bachelet, recoge en este sentido la experiencia vivida por la Región de Los Ríos, la cual debió adaptar su aparato judicial a las nuevas demandas.

A diferencia de lo que ocurrirá con las modificaciones en las plantas de funcionarios de ministerios y servicios públicos, para lo cual se propone la dictación de decretos con fuerza de ley, en el caso de la creación de tribunales o cambios en las disposiciones legales que afectan la composición del Escalafón Primario del Poder Judicial, esto no aplica, ya que estas materias son propias de la ley orgánica constitucional sobre organización y atribuciones de los tribunales de justicia, lo cual no permite delegación de facultades legislativas del Congreso al Ejecutivo.

De allí que el proyecto de ley considerará una serie de artículos que modifican en aspectos formales y relacionados con jurisdicciones territoriales, normas referidas a juzgados civiles, criminales, militares, de familia, laborales, aduaneros, tributarios y ambientales, sin que éstas impliquen alteraciones de fondo en dicho ámbito. No obstante, la iniciativa que crea la Región del Ñuble propone modificar la Ley Nº 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, con el objeto de considerar en su planta de personal, el número de cargos necesarios para el funcionamiento de la mencionada institución en la futura unidad administrativa.

Se considera, de esta forma, crear en la planta del personal veintisiete cargos, que incrementarán el correspondiente número que para cada uno de ellos establece esta norma: fiscal regional, un cargo; director ejecutivo regional, un cargo; jefe de unidad, 2 cargos; profesionales, 8 cargos; técnicos, 5 cargos; administrativos, 7 cargos; y auxiliares, 3 cargos.

En tanto, se introducen modificaciones en el Código Orgánico de Tribunales, las cuales sólo hacen referencia al traslado de la comuna de Tucapel (cuyas causas son vistas actualmente en Yungay), hasta Los Ángeles. El resto, se mantiene igual: San Carlos, con un juez, con competencia sobre las comunas de San Carlos, Ñiquén y San Fabián; Chillán, con cuatro jueces, con competencia sobre las comunas de San Nicolás, Chillán, Coihueco, Pinto y Chillán Viejo; y Yungay, con un juez, con competencia sobre las comunas de El Carmen, Pemuco y Yungay.

Los tribunales de juicio oral en lo penal también se mantendrán: Chillán, con seis jueces, con competencia sobre las 21 comunas, dejándose fuera a Tucapel, por pertenecer a otra región.

En cuanto a los juzgados civiles, se proponen dos juzgados de letras en lo civil, con asiento en la comuna de Chillán, mientras que los juzgados con competencia común seguirán siendo San Carlos, Yungay (se excluye nuevamente de su jurisdicción Tucapel); Bulnes, Coelemu y Quirihue.

En tanto, el territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Chillán comprenderá la XVI Región del Ñuble, al igual que los tribunales de Familia; Juzgados Laborales y Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, mientras que la nueva Región del Ñuble seguirá dependiendo de los tribunales Ambientales, tributarios y aduaneros de la Región del Bío Bío.

Mirada crítica

El abogado Paulo de la Fuente, ex presidente del colegio de la orden local, manifestó que la preocupación del gremio radica en la falta de implementación necesaria en materia judicial de nuevos tribunales y mayor número de jueces para enfrentar la estructura de la nueva Región del Ñuble.

“Cualquier modificación es materia de una Ley Orgánica Constitucional (LOC), pero en este caso, sólo se modifica la LOC del Ministerio Público, que demás está decirlo, se adapta a la necesidad anhelada por muchos años, debido a la deficiente infraestructura para enfrentar los tiempos actuales”, sostuvo.

En cuanto a los Tribunales de Garantía, civiles, familia y laborales, “el proyecto que crea la Región del Ñuble sólo cambia la nomenclatura por tema de técnica legislativa, adaptando la ley a la nueva creación territorial. Es decir, no hay ningún avance en materia jurisdiccional para la nueva región, por lo que creemos, se hace absolutamente necesario reparar en este punto”, advirtió.

Según De la Fuente, “el sólo hecho de ser capital regional significará un aumento significativo en el ingreso de causas, con nuevos servicios como la Defensoría Regional, Contraloría, Consejo de Defensa del Estado, etc., a lo que se suma un incremento de la planta funcionaria, entiendo, cercana a 800 nuevas plazas”.

Para el abogado, “muchas normas indican que deben ser tramitadas las acciones judiciales en el lugar del domicilio de las reparticiones regionales. Todo ello traerá un aumento sustancial y exponencial de nuevas causas, por lo menos, en materia civil.

En ese contexto, requerimos al menos una nueva sala en la Corte de Apelaciones, y 2 tribunales civiles y laborales, además de nuevas notarías y Conservador de Bienes Raíces.

Recordemos que simples comunas pasarán a ser capitales provinciales sin tribunales, o escasa presencia de ellos”, aseveró.

A modo de ejemplo, dijo, “Bulnes, si fuere capital de Diguillín, no tendría casi infraestructura en esa materia. Sin tribunales de Familia, laborales o penales especializados. Eso dista mucho de lo que se espera para una capital provincial”.

En materia medioambiental, “no hay cambio, sólo la nueva nomenclatura de Región del Ñuble, pero seguiremos bajo jurisdicción de Bío Bío. Resumiendo, no hay grandes avances en esta materia, y es el gremio el llamado a presionar”, sentenció el ex presidente del Colegio de Abogados de Chillán.